¿Son peligrosas las frutas y verduras de la lista Dirty Dozen?
Como cada año (y van más de veinte), se ha publicado recientemente la lista “Dirty Dozen®” (la docena sucia), elaborada por el Environmental Working Group, una conocida organización ecologista con la promesa de ayudarte a comer más seguro. Doce frutas y verduras (fresas, espinacas, manzanas…) aparecen señaladas como especialmente problemáticas por sus residuos de plaguicidas. El mensaje asociado a cada uno de estos alimentos (por ejemplo, podéis ver el de la manzana aquí) es claro: si puedes, elige su versión ecológica (organic) porque, según sus datos, contienen menos plaguicidas. Pero esa claridad en el mensaje tiene el problema de haber simplificado en exceso algo que, en realidad, es bastante más complejo. Al hacerlo y en primer lugar, se corre el riesgo de repetir un patrón que ya hemos visto en otras ocasiones en este blog, cual es el de confundir la mera detección de una sustancia en una fruta o verdura con un riesgo real para la salud al consumirla. Y si he elegido la manzana como ejemplo es porque conecta con lo ocurrido a finales de los años 80, cuando un plaguicida, conocido comercialmente como Alar, se convirtió en el centro de una de las mayores alarmas alimentarias de la historia reciente. Un caso que siempre he querido contar aquí, pero que hasta ahora no había abordado.
El Alar, cuyo principio activo era la Daminozida, se utilizaba en el cultivo de manzanas para mejorar su aspecto y conservación. Como ocurre con muchos compuestos químicos y especialmente en aquella época, su seguridad se evaluaba mediante estudios toxicológicos, fundamentalmente en animales. Algunos de esos estudios mostraron que, a dosis suficientemente altas, podía inducir la formación de tumores. Ese dato, en sí mismo, no es excepcional: muchas sustancias, incluso algunas de uso cotidiano (desde el alcohol hasta principios activos de medicamentos), presentan efectos adversos si se administran en cantidades elevadas. Sin embargo, ese matiz, la importancia de la dosis, ya señalada por Paracelso, no siempre resiste el salto a la esfera pública.
El caso del Alar no surgió de la nada, sino de un proceso regulatorio que llevaba años en marcha. A mediados de los años 80, la Environmental Protection Agency (EPA) americana había iniciado una revisión formal de la daminozida tras la aparición de estudios como los mencionados. Mientras tanto, los programas de seguimiento de otra agencia americana, la Food and Drug Administration (FDA), seguían detectando residuos en alimentos, en niveles generalmente bajos y dentro de los límites legales establecidos. A finales de la década, la EPA clasificó la sustancia como “probable carcinógeno humano”, una categoría que reflejaba la existencia de indicios en animales, pero también importantes incertidumbres en su extrapolación a humanos. Las estimaciones de riesgo, particularmente en escenarios de exposición a lo largo de toda la vida y centrados en la población infantil, dependían en gran medida de los supuestos utilizados y podían variar significativamente.
Fue en ese contexto cuando, en 1989, el debate saltó al ámbito público, impulsado por un informe del Natural Resources Defense Council (NRDC), otra organización ecologista, que alertaba sobre el potencial riesgo cancerígeno del Alar en niños. Poco después, el programa televisivo 60 Minutes amplificó el mensaje ante millones de espectadores. Y en marzo de ese mismo año, la actriz Meryl Streep (y por lo que parece, la influencer de la época) testificaba ante el Congreso de Estados Unidos, contribuyendo a trasladar el debate del terreno científico al político y mediático. En cuestión de semanas, el asunto había pasado de ser una evaluación toxicológica con incertidumbres a convertirse en una alarma pública de primer orden. La caída del consumo de manzanas no se hizo esperar.
La resolución del caso no llegó en forma de una conclusión científica definitiva, sino a través de una decisión práctica. Ante la combinación de incertidumbre, presión pública y evaluaciones de riesgo conservadoras, el fabricante retiró voluntariamente el Alar, y la EPA avanzó hacia la cancelación del uso de su principio activo en alimentos. El Alar desapareció así de las manzanas, no tanto por la evidencia de un peligro inmediato, sino por la dificultad de sostener su uso en ese clima de desconfianza. A día de hoy, la daminozida se sigue utilizando en cultivos no destinados al consumo humano, y la EPA, despues de casi cuarenta años, no ha revisado su clasificación. Desde entonces, no han aparecido nuevos datos relevantes que hayan modificado sustancialmente este panorama ni se ha acumulado evidencia que confirme un riesgo significativo en condiciones reales de consumo. Simplemente, el tema desapareció del radar científico cuando el Alar dejó de usarse en manzanas. Y, sin embargo, el impacto mediático fue enorme y duradero: un recordatorio incómodo de que la intensidad de una alarma pública no siempre guarda proporción con la solidez (ni con la evolución) de la evidencia científica que la originó.
Esa confusión entre peligro y riesgo es el mismo patrón que vemos hoy con la lista “Dirty Dozen®”. Su criterio principal se basa en la frecuencia con la que se detectan residuos de plaguicidas en frutas y verduras y en el número de sustancias distintas encontradas en cada alimento. Pero las técnicas analíticas actuales permiten detectar cantidades ínfimas, del orden de partes por trillón, lo que hace que “detectar” ya no sea sinónimo de que algo sea relevante desde el punto de vista del riesgo. Conviene recordar, además, que estas listas no surgen de datos propios generados por el EWG, sino de programas públicos como el Pesticide Data Program del Departamento americano de Agricultura (USDA). Este programa analiza miles de muestras cada año y publica los resultados con un alto grado de transparencia. En ese sentido, la propia existencia de la “Dirty Dozen®” refleja también la solidez de estos sistemas de control, los datos están ahí, disponibles para ser analizados por cualquiera. Esos mismos datos se utilizan para señalar que las manzanas orgánicas presentan menos residuos detectables que las convencionales, algo esperable aunque las muestras comparables de las primeras sean limitadas. Sin embargo, esta diferencia no responde por sí sola a la pregunta relevante: el riesgo. En ambos casos, los niveles detectados suelen situarse dentro de márgenes considerados seguros por las agencias regulatorias.
Pero la “Dirty Dozen®” usa esos datos sin distinguir claramente entre niveles altos y bajos de concentración de los plaguicidas, ni entre perfiles toxicológicos distintos. En la práctica, convierte una información compleja en una señal binaria: hay residuos, luego el producto es peor. Sin embargo, como vimos no hace mucho, organismos como la European Food Safety Authority (EFSA) evalúan no solo la presencia, sino también la cantidad y su significado para la salud. Y, tanto en Europa como en Estados Unidos, las conclusiones son consistentes en el sentido de que la exposición dietética a plaguicidas se mantiene en niveles bajos. ¿Por qué entonces tiene tanto éxito esta narrativa? En parte, por su simplicidad. Pero también porque conecta con una preocupación legítima como es la exposición a sustancias químicas.
A ello se suma otro factor que tiene que ver, cómo no, con el dinero. El Environmental Working Group se financia en gran medida mediante donaciones de particulares y fundaciones filantrópicas, pero también desarrolla programas como EWG Verified®, en los que empresas pagan por utilizar su sello. Este tipo de certificaciones no es inusual (vimos algo similar en los productos biodinámicos), pero introduce un matiz relevante: la organización no solo comunica riesgos, sino que participa en un mercado donde esos riesgos percibidos generan valor. En ese contexto, resulta ilustrativo el caso de Christine Gardner, cuyo historial podéis ver en esta página. Una activista centrada en la “eliminación de toxinas” del entorno doméstico, fue miembro en el pasado del consejo del EWG y participó en el lanzamiento del programa EWG Verified, mientras era una de las primeras embajadoras de la marca de cosmética “limpia” Beautycounter (ahora Counter), bastantes de cuyos productos llevan esa certificación. Este tipo de confluencias no implica necesariamente conflictos directos, pero sí introduce dudas similares a las que se suelen aducir cuando un artículo científico es financiado por una empresa privada. Particularmente en un entorno como el de la cosmética que, en muchas ocasiones, ronda la pseudociencia.
En definitiva, el caso Alar mostró cómo un peligro real, pero mal contextualizado, puede generar una alarma desproporcionada. La “Dirty Dozen®” reproduce, en cierta medida, ese mismo esquema. Y las consecuencias no son triviales ya que si las personas perciben ciertos alimentos como peligrosos, pueden evitarlos. Desde el punto de vista de salud pública, eso puede ser contraproducente, porque los beneficios del consumo de frutas y verduras están sólidamente establecidos y superan con creces los riesgos asociados a residuos en niveles habituales. Afortunadamente, la gente de mi pueblo parece haber evaluado bien ese binomio riesgo/equilibrio: cada vez hay más fruterías….
Música para hoy: de Sergei Prokofiev, la Troika del "Teniente Kije" con Tugan Sokhiev dirigiendo a la Filarmónica de Berlín.
El Alar, cuyo principio activo era la Daminozida, se utilizaba en el cultivo de manzanas para mejorar su aspecto y conservación. Como ocurre con muchos compuestos químicos y especialmente en aquella época, su seguridad se evaluaba mediante estudios toxicológicos, fundamentalmente en animales. Algunos de esos estudios mostraron que, a dosis suficientemente altas, podía inducir la formación de tumores. Ese dato, en sí mismo, no es excepcional: muchas sustancias, incluso algunas de uso cotidiano (desde el alcohol hasta principios activos de medicamentos), presentan efectos adversos si se administran en cantidades elevadas. Sin embargo, ese matiz, la importancia de la dosis, ya señalada por Paracelso, no siempre resiste el salto a la esfera pública.
El caso del Alar no surgió de la nada, sino de un proceso regulatorio que llevaba años en marcha. A mediados de los años 80, la Environmental Protection Agency (EPA) americana había iniciado una revisión formal de la daminozida tras la aparición de estudios como los mencionados. Mientras tanto, los programas de seguimiento de otra agencia americana, la Food and Drug Administration (FDA), seguían detectando residuos en alimentos, en niveles generalmente bajos y dentro de los límites legales establecidos. A finales de la década, la EPA clasificó la sustancia como “probable carcinógeno humano”, una categoría que reflejaba la existencia de indicios en animales, pero también importantes incertidumbres en su extrapolación a humanos. Las estimaciones de riesgo, particularmente en escenarios de exposición a lo largo de toda la vida y centrados en la población infantil, dependían en gran medida de los supuestos utilizados y podían variar significativamente.
Fue en ese contexto cuando, en 1989, el debate saltó al ámbito público, impulsado por un informe del Natural Resources Defense Council (NRDC), otra organización ecologista, que alertaba sobre el potencial riesgo cancerígeno del Alar en niños. Poco después, el programa televisivo 60 Minutes amplificó el mensaje ante millones de espectadores. Y en marzo de ese mismo año, la actriz Meryl Streep (y por lo que parece, la influencer de la época) testificaba ante el Congreso de Estados Unidos, contribuyendo a trasladar el debate del terreno científico al político y mediático. En cuestión de semanas, el asunto había pasado de ser una evaluación toxicológica con incertidumbres a convertirse en una alarma pública de primer orden. La caída del consumo de manzanas no se hizo esperar.
La resolución del caso no llegó en forma de una conclusión científica definitiva, sino a través de una decisión práctica. Ante la combinación de incertidumbre, presión pública y evaluaciones de riesgo conservadoras, el fabricante retiró voluntariamente el Alar, y la EPA avanzó hacia la cancelación del uso de su principio activo en alimentos. El Alar desapareció así de las manzanas, no tanto por la evidencia de un peligro inmediato, sino por la dificultad de sostener su uso en ese clima de desconfianza. A día de hoy, la daminozida se sigue utilizando en cultivos no destinados al consumo humano, y la EPA, despues de casi cuarenta años, no ha revisado su clasificación. Desde entonces, no han aparecido nuevos datos relevantes que hayan modificado sustancialmente este panorama ni se ha acumulado evidencia que confirme un riesgo significativo en condiciones reales de consumo. Simplemente, el tema desapareció del radar científico cuando el Alar dejó de usarse en manzanas. Y, sin embargo, el impacto mediático fue enorme y duradero: un recordatorio incómodo de que la intensidad de una alarma pública no siempre guarda proporción con la solidez (ni con la evolución) de la evidencia científica que la originó.
Esa confusión entre peligro y riesgo es el mismo patrón que vemos hoy con la lista “Dirty Dozen®”. Su criterio principal se basa en la frecuencia con la que se detectan residuos de plaguicidas en frutas y verduras y en el número de sustancias distintas encontradas en cada alimento. Pero las técnicas analíticas actuales permiten detectar cantidades ínfimas, del orden de partes por trillón, lo que hace que “detectar” ya no sea sinónimo de que algo sea relevante desde el punto de vista del riesgo. Conviene recordar, además, que estas listas no surgen de datos propios generados por el EWG, sino de programas públicos como el Pesticide Data Program del Departamento americano de Agricultura (USDA). Este programa analiza miles de muestras cada año y publica los resultados con un alto grado de transparencia. En ese sentido, la propia existencia de la “Dirty Dozen®” refleja también la solidez de estos sistemas de control, los datos están ahí, disponibles para ser analizados por cualquiera. Esos mismos datos se utilizan para señalar que las manzanas orgánicas presentan menos residuos detectables que las convencionales, algo esperable aunque las muestras comparables de las primeras sean limitadas. Sin embargo, esta diferencia no responde por sí sola a la pregunta relevante: el riesgo. En ambos casos, los niveles detectados suelen situarse dentro de márgenes considerados seguros por las agencias regulatorias.
Pero la “Dirty Dozen®” usa esos datos sin distinguir claramente entre niveles altos y bajos de concentración de los plaguicidas, ni entre perfiles toxicológicos distintos. En la práctica, convierte una información compleja en una señal binaria: hay residuos, luego el producto es peor. Sin embargo, como vimos no hace mucho, organismos como la European Food Safety Authority (EFSA) evalúan no solo la presencia, sino también la cantidad y su significado para la salud. Y, tanto en Europa como en Estados Unidos, las conclusiones son consistentes en el sentido de que la exposición dietética a plaguicidas se mantiene en niveles bajos. ¿Por qué entonces tiene tanto éxito esta narrativa? En parte, por su simplicidad. Pero también porque conecta con una preocupación legítima como es la exposición a sustancias químicas.
A ello se suma otro factor que tiene que ver, cómo no, con el dinero. El Environmental Working Group se financia en gran medida mediante donaciones de particulares y fundaciones filantrópicas, pero también desarrolla programas como EWG Verified®, en los que empresas pagan por utilizar su sello. Este tipo de certificaciones no es inusual (vimos algo similar en los productos biodinámicos), pero introduce un matiz relevante: la organización no solo comunica riesgos, sino que participa en un mercado donde esos riesgos percibidos generan valor. En ese contexto, resulta ilustrativo el caso de Christine Gardner, cuyo historial podéis ver en esta página. Una activista centrada en la “eliminación de toxinas” del entorno doméstico, fue miembro en el pasado del consejo del EWG y participó en el lanzamiento del programa EWG Verified, mientras era una de las primeras embajadoras de la marca de cosmética “limpia” Beautycounter (ahora Counter), bastantes de cuyos productos llevan esa certificación. Este tipo de confluencias no implica necesariamente conflictos directos, pero sí introduce dudas similares a las que se suelen aducir cuando un artículo científico es financiado por una empresa privada. Particularmente en un entorno como el de la cosmética que, en muchas ocasiones, ronda la pseudociencia.
En definitiva, el caso Alar mostró cómo un peligro real, pero mal contextualizado, puede generar una alarma desproporcionada. La “Dirty Dozen®” reproduce, en cierta medida, ese mismo esquema. Y las consecuencias no son triviales ya que si las personas perciben ciertos alimentos como peligrosos, pueden evitarlos. Desde el punto de vista de salud pública, eso puede ser contraproducente, porque los beneficios del consumo de frutas y verduras están sólidamente establecidos y superan con creces los riesgos asociados a residuos en niveles habituales. Afortunadamente, la gente de mi pueblo parece haber evaluado bien ese binomio riesgo/equilibrio: cada vez hay más fruterías….
Música para hoy: de Sergei Prokofiev, la Troika del "Teniente Kije" con Tugan Sokhiev dirigiendo a la Filarmónica de Berlín.
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